Primera Sección

El Decreto 1115/2026, publicado el 25 de septiembre de 2026, autoriza la suscripción de un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar la Reforma de la Administración Tributaria Federal. Este préstamo incluye una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) por USD 600 millones y un préstamo adicional de USD 100 millones. Esta medida es crucial para modernizar el sistema tributario y mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos.

También se aprobó el Decreto 1105/2026, que autoriza una garantía estatal para un préstamo de USD 150 millones destinado a infraestructura hídrica en la Cuenca del Río Senguer, en la provincia de Chubut. El objetivo es mejorar el abastecimiento de agua potable en la región, lo cual tiene implicancias directas en la calidad de vida de los habitantes.

Otro aviso importante es el Decreto 1104/2026, que aprueba un préstamo de USD 280 millones para infraestructura vial en Entre Ríos. Este financiamiento requiere garantías del gobierno nacional y provincial, lo que refleja la complejidad de las operaciones de deuda pública y su impacto en la gestión fiscal.

En el ámbito judicial, el Decreto 1092/2026 nombró al doctor Alejandro Javier Catania como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, mientras que el Decreto 1094/2026 designó al doctor Juan Manuel Mejuto como juez de cámara en la Capital Federal. Estos nombramientos son parte del proceso institucional de selección de magistrados y reflejan la importancia de la justicia penal en la estructura del Poder Judicial.

Por otro lado, el Ministerio de Seguridad Nacional modificó una recompensa por un caso de desaparición: se canceló la oferta de $5 millones para encontrar a Mario César García y se cambió el foco a identificar a los autores de su presunto homicidio. Esta decisión muestra la evolución de las estrategias de investigación en casos de seguridad pública.

Además, se homologaron convenios salariales en sectores como el audiovisual y el ferroviario, lo que garantiza condiciones laborales acordadas entre sindicatos y empresas. La Corte Suprema también actualizó las tarifas de servicios judiciales, afectando directamente a usuarios del Poder Judicial.